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Français (Afrique)La Unión Europea ha dado un paso más en la reforma de las normas de coordinación de la Seguridad Social y permitirá a sus estados miembros restringir determinadas ayudas sociales a ciudadanos comunitarios que no trabajen ni mantengan una relación suficiente con el sistema del país de residencia.
¿Cuál es el objetivo de este cambio de paradigma? Bruselas busca así poner fin a años de dudas legales y conflictos entre administraciones nacionales sobre quién debe asumir el pago de ciertas prestaciones.
El acuerdo, respaldado recientemente por el Parlamento Europeo, pretende adaptar la normativa a la creciente movilidad laboral de la UE y evitar posibles abusos en el acceso a ayudas públicas.
La Comisión Europea ha explicado que el objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica y ofrecer criterios más claros para todos los países miembros.
Con estas nuevas reglas, los gobiernos podrán limitar determinadas prestaciones cuando el ciudadano europeo no tenga actividad laboral en ese Estado o cuando no exista una vinculación suficiente con su sistema de Seguridad Social. Una medida que afecta especialmente a algunas ayudas asistenciales y familiares vinculadas con la residencia.
Hasta la fecha, la falta de claridad normativa había provocado numerosos conflictos entre países y situaciones de 'limbo legal' en las que no quedaba definido qué administración debía hacerse cargo del pago de las prestaciones.
Bruselas considera que esta reforma reducirá esas disputas y facilitará la gestión de las ayudas en un contexto cada vez más internacional.
La modificación forma parte de un paquete más amplio para modernizar el sistema europeo de Seguridad Social. Entre otras novedades, también se incluyen cambios en el cobro del desempleo entre países comunitarios y la ampliación de los periodos para exportar prestaciones cuando un trabajador se desplaza a otro Estado miembro en busca de trabajo.